Frank Olivares, ex director ejecutivo de la Vicepresidencia; Ezequiel Volquez, ex director general de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y Héctor Medina, ex director general de Progresando con Solidaridad (Prosoli) indicaron que las declaraciones dadas por Tony Peña Guaba, encargado del Gabinete de Políticas Sociales no se corresponden con la realidad, ya que los datos de los beneficiarios fueron cruzados en las base de datos.
Alegaron que el gobierno anterior habilitó un portal para que todo el que entendiera que calificaba para el programa por sus condiciones sociales, pudiera facilitar sus datos y ser validado en diversas bases de datos, incluyendo la del Sistema Único de Beneficiarios.
Aseguraron que dieron respuesta a varias correspondencias remitidas a la comisión presidencial en las que citan a la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte); Sociedad Dominicana de Medios Digitales; Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes; pastores de Iglesias Cristianas, Federacion Dominicana de Transporte Dominicano (Fenatrado), diversas Asociaciones de Choferes del Transporte Público, Confederación Nacional de la Unidad Sindical, miembros del Congreso Nacional, diversas asociaciones sin fines de lucro, asociaciones de buhoneros, domésticas y saloneras.
“En todos los casos, los listados fueron cruzados con las diversas bases de datos y solo se habilitaron los que calificaron. Es una falta a la realidad el alegato de las actuales autoridades de que la inclusión de personas que no figuraban en la base de datos significa una erogación que se realizó sin ninguna base técnica, dicen en el documento.
Explicaron que aquellos que no formaban parte de la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), pero que aspiraban a formar parte del programa, serían revisados en las bases de datos de la Tesorería de la Seguridad Social, del programa FASE y del programa Pa’Ti, para evitar duplicidades.
Señalando que además, se verificaría si eran parte del hogar de algún otro beneficiario. Estos procesos se repetían antes de cada ciclo de pago para asegurar una base de datos lo más diáfana posible.
“Si persisten inquietudes sobre el destino de estos recursos, la Coordinación del Gabinete Social puede requerir a las empresas procesadoras de pagos (CARDNET y VISANET), que remitan el detalle de las transacciones de todos los beneficiarios del programa Quédate en Casa, indicando el lugar en el cual realizaron sus transacciones y uso de fondos correspondientes”, indicaron.
Respecto a los fondos, aseguraron que cuando no son utilizados por los beneficiarios retornan al Estado.
“Es preciso aclarar que los fondos que no son utilizados por los beneficiarios retornan al Estado mediante un procedimiento administrativo habilitado a tales fines, validado por el Ministerio de Hacienda y los organismos de control interno”, dijeron.
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