Desde hace largo tiempo venimos advirtiendo que tanto la democracia y las libertades como el mismo estado nacional dominicano están amenazados gravemente en su propia existencia. Que impere esa situación de extremo riesgo se debe fundamentalmente a un sistema político partidario atrasado y maleado, que por la gran debilidad y corrupción estructural que genera, viene provocando progresivamente el socavamiento y derrumbe de las instituciones del Estado Social y Democrático de Derecho, con el incumplimiento creciente de sus fines esenciales.
Una de las pruebas más evidentes, que confirma esa realidad-entre muchas otras que podríamos citar-, es lo acontecido con la Constitución del 2010, que precisamente instituye ese concepto de Estado Constitucional.
Consciente de los complejos desafíos externos así como de los problemas estructurales e institucionales que encaramos como Nación, el Presidente Fernández tuvo el acierto de convocar e impulsar desde el 2008-después de numerosos diálogos nacionales-, un proceso de participación, consultas y debates que no tenía precedentes en la historia nacional. Se procuraba pactar una renovación a fondo de la Constitución, sin Asamblea Constituyente, que fuera el cimiento de un Proyecto Nacional Dominicano para el siglo XXI.
Aunque dicha Constitución acusa algunos flancos débiles e inconsistencias que deben ser superados , puede decirse que constituye una de las mejores de nuestra historia; y sin dudas, por la manera en que se gestó, ha sido la más democrática, pues fue el resultado de un amplísimo proceso de participación y discusión, abierto y plural. Sin embargo, lo que pude comprobar como asambleísta y miembro de la Comisión Presidencial de Juristas Redactora del AnteProyecto de Constitución es que si bien se cambió a fondo el documento constitucional, no sucedió lo mismo con la realidad constitucional. Este concepto de realidad constitucional es empleado por el gran jurista español Pablo Lucas Verdu-personalmente prefiero utilizar la constitución efectiva- para describir la cultura política y las prácticas institucionales así como la tupida trama de las intereses y relaciones de poder que prevalecen en cualquier sociedad, que condicionan el grado de vigencia o relevancia de la constitución formal.
Contraste marcado
En el caso nuestro, en gran modo, lo plasmado en el texto de la ley fundamental, contrastaba marcadamente con esa realidad. A diez años de aprobada, ninguno de los mandatos constitucionales que ensanchaban los ámbitos de participación política de los ciudadanos- referéndum, plebiscito, iniciativa popular legislativa y municipal y el derecho de petición- han sido habilitados y regulados por ley. Es decir, los elementos claves para fortalecer la democracia dominicana con la incorporación de las instituciones de la democracia participativa han sido bloqueados. Los actores políticos partidarios dominantes, que se arrogan la representación del pueblo, no han querido que el cuerpo de ciudadanos disfrute de la prerrogativa de decidir los asuntos de gran trascendencia de la República, ni de participar en su formulación. Pero, siendo justos, tampoco ha existido un reclamo en ese sentido de la mayoría de los actores sociales y políticos que estaban obligados a hacerlo.
Cuando desde la Fuerza Nacional Progresista, planteamos que la propuesta de reforma a la Constitución para habilitar al presidente Medina a buscar una reelección en el 2015 debía estar precedida por un referéndum -algo ya lo habíamos planteado por igual frente a los seguidores del Presidente Fernández en el 2010-, la legión de juristas al servicio del poder desestimaron con ligereza y desprecio nuestra exigencia ; y en cambio, armaron todo tipo de maniobras para burlar cínicamente la Constitución, en uno de los capítulos más obscuros y bochornosos de nuestra historia constitucional.
Fue notorio durante el proceso de reforma constitucional del 2010 , que mucho de los actores que participaron en el mismo, o no eran muy conscientes de sus objetivos y trascendencia ; o peor aún, comenzaron a conspirar en su contra, para que la nueva Constitución siguiera siendo un pedazo de papel, un conjunto de enunciados grandilocuentes, que se invocarán a conveniencia.
La confabulación
Nunca la norma suprema que rige la convivencia de los dominicanos, con capacidad real de limitar y racionalizar el ejercicio del poder, que, en esencia, es la función primordial de toda Constitución. La confabulación provenía de los grandes beneficiarios del “desorden organizado”, en que se ha convertido la política “de lo mío”, que desvirtúa la auténtica política, que es la política de lo nuestro, como espacio de realización del bien común o de los intereses generales de la nación.
Ya desde antes del 26 de Enero del 2010, fecha en que fue proclamada, era evidente la resistencia abierta o velada, taimada o agresiva, en contra de algunos de de sus contenidos más avanzados y previsores, y, en general, en contra de su visión programática, que como era natural, fue el producto de compromisos entre fuerzas políticas y sociales en tensión y contradicción. Incluso, luego de votada se combatiría encarnizadamente la reafirmación de los principios sobre la nacionalidad dominicana, a la vez que se desafiaron las prescripciones relativas a la protección a la vida desde la concepción, el concepto y función de la familia y la identidad cristiana, para responder con complacencia a las exigencias de gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales que promueven visiones axiológicas e ideológicas así como modelos de identidad, contrarios a los prevalecientes en la nación dominicana.
Peor aún, se llegaría a concertar acuerdos abiertamente contrarios a la soberanía e integridad territorial de la República, uno de los cuales fue anulado por el Tribunal Constitucional, y otro está pendiente de ser fallado por esa alta corte. El primero permitía la presencia sin límites de tropas norteamericanas en territorio nacional con inmunidades especiales, mientras que el segundo contiene en un penoso anexo el sometimiento de la política nacional de refugiados y asilo a la tutela de los EEUU y los organismos internacionales.
La realidad constitucional y el proyecto anti democráticoEl sistema político clientelar, populista, patrimonialista, caudillista- representado por la “política de lo mío”-, y fuertemente articulado con el mundo de los grandes negocios rentistas o mafiosos-que dominan sobre unas instituciones económicas de acentuados rasgos extractivos y monopolicos-, lejos de debilitarse, se reforzaría con sus marcadas tendencias a la concentración del poder y la riqueza en manos de minorías privilegiadas.
Ahí está la raíz de la podredumbre de un sistema que, aunque en parte se ha trasmutado en cultura, resulta insostenible por su infuncionalidad y costos onerosos, por su irracionalidad e ilegitimidad intrínsecas, por el balance de la alta exclusión e injusticias que genera, por estimular una economía canalla de lucro fácil y consumo lujoso.
Ahí radica también la perversa matriz anti-democrática, en la que ha venido incubándose un proyecto dictatorial con apoyo entusiasta de ciertos poderes fácticos, que el Presidente Balaguer en sus tiempos denominaría en forma insuperable como Los Insaciables, que sólo atienden a sus intereses logreros bajo el falso ropaje de empresarios, cuando en realidad son “empresaurios”, gente queriendo capturar riquezas en vez de crearlas, sin ningún sentido de responsabilidad social ni compromiso nacional.
Ese proyecto autocrático empezó a andar por primera vez, en el 2013, con el llamado público y entusiasta del Presidente Lula a modificar la Constitución para la reelección del Presidente Medina. Después de ese arranque, se delinearían sus fundamentos ante los grandes magnates del empresariado del continente y de la República, en un memorable discurso en el que se proyectaba el relato de un Presidente Medida como emulo en el Caribe de Lee Kuan Yew, el gran líder de Singapur.
En el 2015, fue el nefasto Pacto Reelección por Reelección y el uso de medios non sancto y tramas arteras nunca vistos, para someter cualquier resistencia. A continuación, en su fase de ejecución, en el 2016 se impuso más que una reelección, que era previsible, un proyecto de aplastamiento y avasallamiento de la oposición, con la conquista de una mayoría congresual que realmente nunca se obtuvo, como parte del proceso de entronización de la camarilla gobernante, que ya tenía preparado el proyecto continuista del 2020. Un bateo y corrido reeleccionista.
La resistencia frustró el nuevo golpe
La verdad sea dicha: sólo la resistencia abierta y desafiante en las plazas y las calles, encabezada por Leonel Fernández y que arrastraría a Luis Abinader a una definición opositora tajante frente al proyecto autoritario, fue efectiva para frenar el nuevo golpe a la democracia, no sin que antes tuvieran que producirse severas y decisivas advertencias desde centros de poder extranjeros.
El cálculo de los reeleccionistas fue que Leonel Fernández no tendría el valor de enfrentar su poder… y se equivocaron. El previo y sorpresivo alineamiento con China Popular formaba parte también de esa estrategia audaz, que se encuentra articulada con otras proyectos similares en el continente. Estamos seguros de que de haberse aprobado en el 2019 la reforma constitucional, habilitando la repostulación del presidente Medina, estaríamos viviendo un terrible período de desestabilización.
Recordemos, además, que para esos propósitos se aprobarían dos leyes medularmente antidemocraticas, sancionadas lamentablemente con la complicidad de sectores opositores, concebidas para aplastar los partidos minoritarios, restringir la participación ciudadana, censurar las críticas a los candidatos, complicar las alianzas y coaliciones, y sobre todo, para encarecer de modo prohibitivo las campañas políticas.
No olvidemos que para que nadie tuviera dudas de la voluntad de poder de los que mandan, también se montó una escena intimidante con un enjuiciamiento público en televisión nacional, manipulado y artero, contra la magistrada de Suprema Corte de Justicia(SCJ), Mirian German, en ocasión de las sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura, que felizmente se revirtió contra sus auspiciadores.
También, se montó un efectivo programa de silenciar o arrinconar voces críticas en los medios de comunicación.La realidad era que el virus de la Reelección en Primera Persona mutó hacia una variedad más peligrosa: la Reelección en Cuerpo Ajeno o por Persona Interpuesta. El Presidente Medina escogió un candidato con un perfil muy apropiado, que ha servido para proyectar el mensaje inequívoco de que el real candidato es él y solo él.
Hay pocos precedentes históricos de una maniobra de esa índole: lo hizo Trujillo a partir 1938, cuando era el Jefe todopoderoso de la República, con un despacho en Palacio Naciónal cerca del Despacho del Presidente; y previamente, lo ensayó Ulises Heureaux Lilis con malos resultados, con motivo de la elección de Francisco Gregorio Billini y como parte de una maniobra de socavar el liderazgo de “su padre político”, Gregorio Luperón.
Después vendría el golpe electoral abierto y desafiante, con el mazo del poder del Estado, contra la candidatura del Presidente Fernández en las primarias de Octubre, facilitado por una JCE prosternada y medrosa y que terminaría provocando la división del partido de Gobierno. Otra vez volverían a errar en sus cálculos sobre la actitud del Presidente Fernández y sus seguidores.
Cómo cabía esperar de los que se embarcaron en esa trágica aventura de poder grupal, hija de la ambición continuista y el temor a salir del gobierno, posteriormente, no tuvieron miramiento alguno en volver a golpear al Poder Constituyente, con sofisticados medios informáticos. Frustraron el proceso electoral de febrero para elegir autoridades municipales en las principales demarcaciones del país, donde tenían seguridad de que serían derrotados, mientras que insistirían en celebrarlas en aquellas pequeñas demarcaciones donde el peso de los recursos del Estado suele ser avansallante. Un hecho como ese nunca se había verificado en la historia de la República. Pero ante la reacción de indignación que produjo este gravísimo atentado a la democracia, lejos de contenerse o replegarse, de inmediato urdieron una trama para involucrar a Luis Abinader al travez de una acusación contra su personal de seguridad, que solo fue detenida por las reacciones críticas que suscitó tanto aquí cómo en el exterior.
Contrariedad para los planes del Gobierno
La elecciones de marzo en cierto sentido fueron para los planes del gobierno una contrariedad, en gran modo, porque la oposición forzada por las circunstancias, pudo concertar acuerdos que frustraron sus planes de imponerse en todo el mapa electoral de la República.
Concretamente, el pacto senatorial previo fue clave para lograr el ambiente que propició la derrota del autoritarismo oficial en más de 60 plazas importantes, y en gran medida, fue concretado por el hecho de que Leonel Fernández está consciente de que su principal misión aquí y ahora, es preservar la democracia, los derechos y libertades fundamentales de los dominicanos, y la Constitución que los sustentan. En otras palabras, evitar a todo trance la instauración de una nueva dictadura, o prevenir una desgraciada etapa de sangrientos conflictos
Es evidente que a eso ha contribuido su dolorosa experiencia personal, que le permitió comprobar vivamente los peligros derivados para todos los ciudadanos, de la alta concentración del poder político y económico. Se ha ido tan lejos por ese camino autoritario, que estamos en presencia, más que de un partido hegemónico de un cuasi partido Estado, capturado por un pernicioso espíritu faccioso. Desafortunadamente, la conciencia constitucional y los compromisos con una competencia electoral equitativa y trasparente, no está tan desarrollada en muchos otros actores partidarios de la oposición, que no terminan de entender la enorme y compleja crisis que nos golpea como nación, y apuestan a las maniobras de siempre, que están liquidando la democracia con el ácido disolvente de la conchupancia.
Lo que aconteció en días recientes en la Cámara de Diputados, para extender el período de Estado de Excepción, haciendo coincidir su terminación, con los días finales de la campaña electoral, es la confirmación más plena de lo que sostenemos.
El informe de la Organización Estados Americanos (OEA) y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) , reclamado por las fuerzas opositoras y la sociedad en general, emitido después de las elecciones de marzo, describió con suave lenguaje diplomático la atrocidad que se había perpetrado contra la institucionalidad electoral , y si bien se cuidó de no hacer acusaciones específicas, quedó claro la alta cuota de responsabilidad de la JCE y sus organismos operativos. Fue evidente que la observación internacional especializada tenía interés de no complicar la situación política nacional, que había entrado en una fase aún más delicada con la aparición de la pandemia del Covid 19 y la gestión abusiva e interesada de la crisis sanitaria y del estado de excepción con fines notoriamente electoreros.
Es necesario retener que el gobierno, dominado por un espíritu de sectarismo pertinaz y primitivo, desestimó todas las peticiones de convocar a un esfuerzo de unidad nacional más allá de los partidos, para la gestión eficaz de la crisis sanitaria, que hubiera evitado el daño institucional sufrido por el proceso electoral.
Continúan los golpes a la institucionalidad
Pero los golpes a la institucionalidad democrática continúan de muchas maneras, cotidianamente, mientras la JCE permanece pasiva o indiferente como si el estado de excepción hubiera puesto en suspenso las normas electorales: es patente el uso y abuso, fuera de toda proporción, de los recursos públicos; la creación de escenarios especialmente montados para la capitalización electoral, como los viajes a China de los aviones del candidato oficial, a ejecutar tareas que le corresponden exclusivamente al gobierno; la explotación obscena de la vulnerabilidad de millones de dominicanos sumidos en la incertidumbre y las penurias; la permanencia en funciones públicas de cerca de un centenar de candidatos; la violación impune del Estado de Emergencia por parte de los activistas del oficialismo; la sospecha de la manipulación de los datos de la pandemia con posibilidades de impactar con miedo en los índices de abstención.
También se intentó impedir el voto de los dominicanos al exterior. Ya un importante jurista al servicio del Reelección en Cuerpo Ajeno había avanzado en un tuit memorable del 17 de Marzo del 2020, la descarnada estrategia de Biopolitica que se sigue: “Como se maneje desde el Estado el COVID será crucial para resultado de Elecciones 2020RD de Mayo. Puede ser la crisis bancaria de Hipólito Mejia en 2003, que condujo a la derrota electoral, o puede ser el ciclón San Zenón, esta vez democrático, que repotencie partido Gobernante”. Es decir, si el Gobierno manejaba la crisis sanitaria como Trujillo manejo la crisis de San Zenon tenía amplias posibilidades de retener el poder y legitimarse. Todo en forma descarada, ilícita, desafiante. Sin dudas, actúan estimulados por la convicción de que la crisis mundial es tan honda, y los conflictos y problemas en los Estados Unidos y la comunidad hemisférica tan absorbentes e intensos, que ellos podrán recurrir a cualquier tipo de medio por brutal y fraudulento que sea, para retener el poder, sin que tengan consecuencias mayores.
Se trata de una marcha trágica hacia el abismo de la ingobernabilidad, porque nadie debe dudar que los resultados de una elección amañada y desvirtuada, realizada en esas condiciones extremas de inseguridad dentro de un estado de emergencia, que favorezcan al candidato del gobierno, carecerán de legitimidad y serán desconocidos y enfrentados en todos los planos. Cuando en la reunión de presidentes de Partidos con la Junta Central Electoral celebrada hace unas semanas, escuchamos al Presidente de ese organismo decir con entusiasmo que su consigna era Elecciones Si o Si, nos tomamos el cuidado de recordarle que solo puede existir algo peor que la no realización de elecciones: que son resultados espurios de elecciones adulteradas y privadas de libertad al travez de la manipulación de la Pandemia y el Estado de Emergencia.
Ha resultado penoso que la JCE, que quedó sometida a severos cuestionamientos por su gestión desastrosa del proceso electoral, lejos de hacer esfuerzos por reivindicarse, no haya adoptado cómo era su obligación, ninguna providencia para frenar o sancionar este peligroso derrotero.
La dolorosa realidad
Es importante que los dominicanos nos hagamos plenamente cargo de la dolorosa realidad: mucho antes de la pandemia del Covid 19, nos encontrábamos sumidos en una crisis institucional muy honda, desintegradora, que se ha agravado, aún más, por los efectos terribles de la crisis sanitaria sobre el tejido económico y social: más de un millón de trabajadores formales en suspenso, decenas de miles de empresas cerradas, caída alarmante de la producción.Muchos de los que están en los altos planos de dirección del partido de gobierno están preparándose para actuar como siempre, con gran audacia y agresividad, en uno de estos tres escenarios posibles: primero, tratar de provocar una gran abstención de los votantes independientes, no adscritos a los partidos, a la vez que se emplean a fondo en una movilización del voto clientelar o comprado y en la captura del personal de las mesas y las juntas electorales.
Para eso él manejo sesgado de la crisis sanitaria es su más efectivo recurso, junto con la disponibilidad a mansalva de los recursos públicos y de los aportes jugosos provistos por sus socios en los grandes grupos económicos.Si ese objetivo se le torna imposible de conseguir, que es lo más probable, tratarán de forzar quedar en una segunda posición, con la promesa al PRM de que renunciaran a la segunda vuelta, como renuncio Danilo Medida en el 2000 en favor de Hipolito Mejia. Claro está, sujeto a la condición de quedar por lo menos en control del Senado y con la garantía razonable de que él Presidente Medina será rehabilitado para volver como candidato en el futuro, que es la meta político que aseguraría la supervivencia de la facción danilista al frente del PLD.
Esa maniobra, que ya empezó a ejecutarse en las elecciones municipales recién pasadas en ciertas demarcaciones, busca deshacer el Pacto de los 24 Senadores entre el PRM y aliados y la Fuerza del Pueblo y aliados, llevar a Leonel Fernández del segundo lugar en las preferencias de votos en que se encuentra al tercer lugar; y garantizar de facto un gobierno compartido, fundado en un intercambio de gobernabilidad por impunidad. Se liquidaría lo poco de institucionalidad que nos queda, y en términos partidarios, los grandes sacrificados serían las bases y cuadros medios del peledeismo, que serían “vendidos como chivos”, por una cúpula que no tiene límites al momento de perseguir sus objetivos y que cuenta con la asesoría de ciertos aliados encubiertos, expertos en “amarraderas de chivos”.
Pero, también, Luis Abinader- lamentablemente aquejado de Covid- si no evade esa maniobra tramposa, pagaría un altísimo precio, ya que en caso de cumplirle arribaría al gobierno de una nación en crisis profunda, con el pesado fardo de un burdo acuerdo de conchupancia, que complicaría la gobernabilidad de la República.
El tercer escenario es el más escabroso: que con motivo de las controversias relativas al agravamiento real, supuesto o inducido de la pandemia, y por la resistencia opositora a la extensión abusiva del estado de excepción, se aborten las elecciones del 5 de Julio o las del 26 de Julio. Ya los juristas que estuvieron al servicio de la reelección formularon sus peregrinas tesis de la necesaria continuidad de las actuales autoridades, hasta tanto sea posible realizar elecciones confiables, donde el ejercicio de los derechos políticos de elegir y ser elegidos no entrañe poner en riesgo la vida y la salud de millones de dominicanos.
Nos encontramos en una encrucijada
Cómo pueden comprobar por la relación de hechos y circunstancias antes expuestos, nos encontramos en una encrucijada tremenda, abrumadora, que se complica y enrarece por la existencia de unos escenarios globales, continentales e insulares que también acusan crisis nunca vistas, que pueden llevar a la humanidad y a las civilizaciones, como explicó el fundador de la escuela de pensamiento complejo, Edgar Morin, “al abismo o a una gran metamorfosis”.
No olvidemos que esos entornos extraordinarios gravitan con gran fuerza sobre las realidades locales, y solo las naciones con proyectos nacionales fuertes e integradores podrán sortear este duro trance y las poderosas tormentas que que se avecinan o que apenas se están desencadenando.
En la Fuerza Nacional Progresista, hemos considerado que una nación como la nuestra, que tiene un enclavamiento geopolítico muy expuesto y que comparte la isla con un estado emblemático y problemático como Haití, clasificado como Estado Fallido, tiene más razones de peso que muchas otras, para que sus clases dirigentes y la ciudadanía en general, actúen con gran desprendimiento y patriotismo y con un alto sentido de unidad nacional.
Tiempos extraordinarios para líderes excepcionales
Para estos tiempos extraordinarios es necesario que al frente del Estado se encuentre un líder con experiencia en el manejo de grandes crisis. Leonel Fernández es sin dudas el político dominicano que tiene esa experiencia. Fue clave para la transición política del 94-96-, que nos llevó de un ciclo histórico semidemocratico a otro más democrático, de notoria modernización y de apertura a la economía internacional. Fue la primera vez en la historia dominicana que se logra ese tránsito sin rupturas mayores ni convulsiones.
También, Leonel Fernández fue decisivo en la superación de la crisis desestabilizadora del 2003-2004, que se agravó por la ambición de permanecer en “el cargito” del Presidente Mejia y sus funcionarios, con lo que se crearían las condiciones para que el PLD se convirtiera en partido hegemónico. En el 2008 y 2009, lidió con acierto con dos crisis internacionales delicadas: la recesión mundial y el aumento desorbitado de los precios de los hidrocarburos. No podemos omitir tampoco su intervención efectiva en favor de la estabilidad y la paz , para superar o contener situaciones de conflictos violentos internacionales o internos en otros países de la región.
Sin dudas, independientemente de que se coincida o no con su visión ideológica o con sus posiciones políticas sobre ciertas materias, tanto aliados como contrarios, le reconocemos que es un actor racional, prudente y equilibrado, que está abierto al diálogo, la concertación y el compromiso. También ha probado tener algo que es muy valioso en tiempos de crispación general: serenidad y temperamento calmado. Debemos reconocerle que no se deja llevar por pasiones revanchistas ni suele responder impulsivamente a las provocaciones. Y eso es lo que explica en gran modo que haya tenido esa incidencia en su trayectoria política al frente del Estado y en la política nacional e internacional.
Ganó la primera vez con una coalición multipartidaria con base social e ideológica amplia y plural , y se empeñó en cuidarla y ampliarla, porque sabía y sabe que la gobernabilidad democrática en una nación como la nuestra no se alcanza con sectarismos ni atropellando las instituciones. Desde luego, reconozco que algunos de los que le han acompañado carecen de esa talante, y que él mismo, por la experiencia adquirida, deberá hacer mucho más para que no asomen visiones ideológicas desfasadas, ni los tejemanejes convencionales de la política tradicional, que como ha comprobado personalmente resulta ruinosa en todos los sentidos.
El político con madera de Estadista, debe tener siempre presente los intereses fundamentales de la Nación, a partir de un cálculo frío, objetivo, realista, con profundidad histórica, desprovisto de afectos personales o inclinaciones ideológicas. Un gobierno de Unidad Nacional encabezado por Leonel Fernández deberá centrarse en la defensa y potenciación de esos intereses nacionales, esto es, la soberanía, integridad territorial y la identidad histórica de la Patria dominicana.
Por igual, debe esmerarse en desplegar nuestro extraordinario potencial de desarrollo: somos un nación bendecida en muchos sentidos, con “ademán de continente” como dijera el poeta. Una nación que confía avanzar, desatando con una agenda de libertad, el poderoso empuje de progreso de nuestra gente aquí y en el exterior. Una Nación cuyas mayorías no quieren que le sigan repartiendo como favores lo que deben garantizarle como derechos, que no quiere depender de la gracia de los jefes políticos ni de los partidos para realizar sus vidas.
Todos los esfuerzos de un gobierno presidido por Leonel Fernández, que debe integrar los mejores recursos humanos con que contamos como colectividad nacional, deberán enmarcarse dentro de una perspectiva aterrizada, de realismo geopolítico, así como exhibir un esmerado cuidado y una afirmación consistente de los valores de la democracia, los derechos y las libertades, que tienen la más amplia formulación en la Constitución del 26 de Enero del 2010. Asimismo, eso nos obliga a nunca olvidar que en esta coyuntura internacional, estos sagrados intereses nacionales, no estarán plenamente seguros mientras en el continente y fuera del continente, existan fuerzas totalitarias que trabajan para socavarlos aquí y en la región Gran Caribe, o que no tienen miramiento en convertir nuestro espacio geopolítico en campo de batalla por la hegemonía mundial. Es por eso que los dominicanos, también, debemos ayudar y alentar la causa de la libertad de los pueblos de nuestro continente y el mundo donde quiera que está se encuentre en riesgo.
Terminación de un ciclo político
Hace algún tiempo le expresé al Presidente Danilo Medina, que el Partido de la Liberación Dominicana, que ha dominado el ciclo político que comenzó en 1996 y que se encuentra en fase de terminación, debería entender bien los signos de los tiempos, y darse la oportunidad de cerrar dicho ciclo sin traumas mayores, sabiendo cómo abandonar el gobierno, ya que se trata de un partido enorme que virtualmente ha capturado todo el Estado, al travez de un esquema que por demás inviable y altamente oneroso.
A él mismo le dije en carta pública, que la mayoría de los dominicanos esperaban que en esta coyuntura tan crítica asumiera el rol de jefe de Estado y no el lamentable papel de jefe de facción. ¿Que hubiera pasado si el Presidente Medina hubiera acogido las solicitudes de concertar con la oposición las acciones públicas contra la Pandemia, en vez de convertir está en ocasión y centro de una competición electoral aberrante, surrealista, insensata?
En gran medida, de la aceptación madura de esa realidad por parte del liderazgo y de las bases del PLD depende de que ese partido fundado por Juan Bosch no termine por ser el Partido de la Liquidación Dominicana. En lo personal e institucional, habiendo sido aliados por tanto tiempo, nos dolería mucho que así fuera, sobre todo por las repercusiones negativas
¡Comparte esta noticia!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
COMENTAS Y COMPARTE AQUÍ