SANTO DOMINGO.- Debido al número de víctimas por esa causa y a la creciente importancia que ha cobrado el tema tanto a nivel local como internacional, la violencia de género recibe un trato especial en las fiscalías barriales del Distrito Nacional.
Así lo afirmó Orlando Santos, fiscal coordinador de la fiscalía barrial La Paz, quien agregó que en los casos de violencia de género entra en función la competencia administrativa (gestión del Ministerio Público), que instituye la distribución de roles para una mayor eficiencia, como el caso de la Unidad de Prevención y Persecución de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delito Sexual del Distrito Nacional, en la avenida Rómulo Betancourt.
De acuerdo al portal web del Ministerio Público, desde esta sede se dirigen las 11 áreas de atención a la violencia contra la mujer que existen en las diferentes fiscalías comunitarias.
Puntualiza, además, que en cada una de las 15 fiscalías barriales, el área de “Género”, está compuesta por una fiscal, especializada en el tema, asistida por un equipo de psicólogas, médico legista y abogado o secretario, que permite un acceso rápido de las víctimas cerca de sus viviendas.
“Esta unidad tiene los diversos especialistas en el área. Podemos recibir personas con la misma explicación: “mi marido me dio o mi mujer me maltrató”, pero antes de tomar cualquier decisión hay que pasar una especie de cedazo, que la vea un psicólogo que establezca en ese diagnóstico de que esta persona está padeciendo algún tipo de situación para que el fiscal, antes de tomar una decisión, sea prudente”, especificó Santos.
Dijo que una “imprudencia de parte del Ministerio Público provocaría una reacción mayor al daño que se pretendía reguardar, porque convertiría en imputado a una persona que pudiera ser víctima o que la persona que va buscando auxilio llegue a un nivel de revictimización si quien toma la decisión (fiscal) lo hace por lo que percibe a través de sus ojos”.
Sin embargo, estos esfuerzos que aseguran las autoridades realizan para combatir este flagelo, parecen aún no ser suficientes, debido a las cifras de mujeres, específicamente, que reportan haber sido víctimas de algún tipo de violencia de género.
Conforme a estadísticas del Ministerio de la Mujer, en República Dominicana, en los últimos seis años, al menos 25, 104 féminas denunciaron haber sido víctimas de violencia machista, y de esa cantidad, 363 corresponde hasta septiembre de este año.
La semana pasada un estudio titulado “Feminicidios en República Dominicana durante 2017”, difundido por el Observatorio Político Dominicano (OPD) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), arrojó que en el 2017 en el país ocurrieron 113 feminicidios.
La autora del referido estudio, Flor Batista Polo, destacó que en 30 de los casos el feminicida tenía historial de violencia, mientras que sólo en nueve casos la mujer contaba con una orden de protección.
Situación que pareciera coincidir con las declaraciones que hiciera el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, en el 2017, de que alrededor del 80 % de las mujeres que mueren víctimas de violencia de género no denunció los casos.
Razón por la que en reiteradas ocasiones entidades públicas y privadas manifiestan la importancia y necesidad de denunciar estos hechos a través del Ministerio Público o la Policía Nacional, para lograr dar una respuesta inmediata y más efectiva según cada caso.
Asimismo, en vista de la importancia que ha cobrado a nivel internacional, cada 25 de noviembre se conmemora el “Día Contra la Violencia de Género”, día elegido por organismos internacionales, asociaciones activistas de mujeres y gobiernos para aunar esfuerzos, elevar su voz y recordar a la sociedad los estragos del problema de violencia de género.
Sobre quejas de ciudadanos
Sobre la quejas de atención o respuestas “eficientes”, por parte de las fiscalías comunitarias del Distrito Nacional, el fiscal Orlando Santos manifestó que muchas veces se debe al desconocimiento del proceso legal o al deseo de buscar una “salida rápida a su conflicto o decisión a la ligera”.
“La respuesta en el aspecto de lo legal nunca es como quisiera la persona, porque cuando ocurre un conflicto entre dos, y hay lesiones de un lado y otro, cada uno va con su alegato de que el otro debe estar preso”, apuntó.
Sin embargo, dijo que a pesar de las frecuentas frases de “deben meterlo preso”, “hay que someterlo”, “deben arrestarlo ya, porque me dio”, de parte de quienes se sienten afectados, existen normas de accionar y debido procedimiento.
Añadió que cada persona que acude a estas fiscalías entiende que sus casos son “urgentes”, pero que no siempre ameritan intervención inmediata, a diferencia de otros que sí y en los cuales asegura se toman las medidas correspondientes.
“El usuario siempre quiere que lo que él diga sea lo correcto, que lo que él pide sea lo correcto. El trabajo más fácil sería darle la razón al que venga. El trabajo más cómodo para un fiscal irresponsable es no tratar a la persona denunciante y simplemente pedir una orden de arresto”, aseveró.
DATO A RESALTAR: “Las fiscalías comunitarias son como una especie de válvula que sirve para el bombeo adecuado del cuerpo, que es la sociedad. Pero también pueden presentar fallos, no por la gestión sino por las circunstancias”, puntualizó el fiscal Santos.
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