El aspirante presidencial Luis Abinader se comprometió ayer a trabajar para que los programas de asistencia social del gobierno sean convertidos en una Ley de Protección Social, cuyos beneficiarios tendrán como requisito su nivel de pobreza, y que deberá entrar en vigor en tres meses.
“La política de apoyo social tiene que basarse en crear empleos, junto al sector privado, e incorporar a la gente a actividades productivas, pero a las personas en situación de pobreza y desempleadas, especialmente a las mujeres, que llevan la mayor carga de responsabilidades en los hogares, tenemos que asegurarles sus derechos sociales, de lo cual el Estado tiene que ser el garante”, precisó.
Abinader puntualizó que “la alimentación, la salud, educación y protección social son derechos de la gente, y eso es lo que debemos empezar a garantizar con la Ley de Protección Social, como parte de las reformas que vendrán en el gobierno del Cambio”.
Consideró que esa ley garantizará esos derechos a personas en situación de privación extrema , con criterios claros sobre lo que perciban y su responsabilidad para desarrollar habilidades que les permitan salir de la pobreza.
Los beneficiarios
A partir de que esa ley entre en vigencia, “todas las personas que reciben los diferentes bonos que les entrega el gobierno a través de la Tarjeta Solidaridad quedarán confirmados y percibirán el aumento que realizaremos tan pronto como estemos al frente del gobierno”, dijo el dirigente político.
“La idea es que se terminen los abusos y el chantaje de los políticos y funcionarios que trafican con las necesidades de los pobres”, afirmó Abinader, quien agregó que la ley “es para garantizar una política de Estado que lleve estabilidad y tranquilidad a las familias”.
Al responder preguntas en un conversatorio de mujeres de Santiago sobre las situaciones que las afectan, sus expectativas y aspiraciones, y las propuestas de soluciones que tiene en agenda, adelantó que buscará que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) concilie la ley con las demás organizaciones políticas, los gremios y la sociedad en general, para que sea una política de Estado que comprometa el apoyo de todos.
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