CUANDO LA PROTECCIÓN SOCIAL ES UNA CONDENA IRREVERSIBLE A LA POBREZA

Por Lic. Alejandro Jerez Espinal

En la definición, formulación e implementación de las políticas sociales, los estados moderrnos, consignan como unas de sus líneas de trabajos fundamentales, la protección social, sin desdeñar el impacto de las políticas sociales sectoriales de educación, salud, vivienda, recreación, cultura y protección del medio ambiente que sumados a las iniciativas de promoción social, se erigen en verdaderos instrumentos de la superación de la pobreza y la desigualdad cuando las mismas están respaldadas por niveles adecuados de inversión pública y privada.

La protección social debe acompañar a los seres humanos desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte y se pone de manifiesto en las diferentes etapas de la vida, en  la niñez, adolescencia, adultez o etapa productiva y adulto mayor o etapa de retiro, dotándolos de los medios e instrumentos necesarios para garantizarles un sano desarrollo y una vida digna.

En virtud de lo anterior, la protección social, comprende una seguridad social universal, sostenible, obligatoria y solidaria que proteja a los trabajadores de los riesgos y contingencias de seguridad y salud en el trabajo, enfermedad común, lactancia y protección de la primera infancia, maternidad, salario decente, pensión por vejez, discapacidad y sobrevivencia, con una tasa de reemplazo que le permita mantener el nivel de vida sostenible al momento del retiro.

Esta protección debe incluir además, a los trabajadores informales, liberales, por cuenta propia y la gran masa de no asalariados entre los cuales están las madres solteras, envejecientes y otros que por su estado de vulnerabilidad merecen la atención urgentes de los gobiernos a través de programas sociales condicionados o no condicionados, así como a los beneficios de un plan básico de salud.

En la región de America Latina y el Caribe, el debate se ha concentrado en la sostenibilidad y viabilidad de un sistema de seguridad social sobre otro. En el decenio de los años noventa, bajo la influencia de las políticas neoliberales, usando como modelo el sistema previsional de capitalización individual chileno, se generó toda una corrientes de reformas sustitutivas que culminó con la derogación total o parcial de los sistemas de repartos y la adopción del modelo chileno, en países como México, Colombia, Salvador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay  y Perú.

Se entiende que este modelo de contribución definida, solo sirve al capital financiero, tiene elevados costos de administración, cobertura limitada y no garantiza una tasa de reemplazo suficiente y adecuada a los trabajadores en edad de retiro. En el caso de Chile casi cuatro décadas después hay una fuerte presión social de los trabajadores para que dicho sistema mejore su cobertura, para tal fin se está discutiendo una iniciativa para aumentar en un cinco (5%) por ciento el monto de las cotizaciones, a cargo de los empleadores, en un plazo de seis (6) años, para que sean administrados por una agencia pública, con la finalidad de destinar un tres (3%) por ciento a las cuentas de capitalización individuales no administradas por AFP, sino por el Estado  y el otro dos (2%) por ciento a un seguro de ahorros colectivos para los jubilados, pensiones de lo futuros jubilados y pensiones de mujeres.

Al abordar los niveles  de rentabilidad  de las cuentas  de  capitalización individual, el Premio Nobel de Economía  Joseph  E. Stiglitz,  sostiene  que los países menos  desarrollados  generalmente  tienen mercados de capitales menos desarrollados, con  inversores  menos  informados y con menor capacidad regulatoria,  aumentando  el alcance  para el abuso potencial.   La presencia de una mayor  volatibilidad  y la ausencia de varias clases de mercados  financieros  hacen  que los diferentes  tipos  de seguros brindados por los programas tradicionales de prestación definida sean más valiosos.

En contraposición está el modelo tradicional o de repartos, con prestaciones definidas,  gestión  pública, propio del Estado benefactor, que tiene como unos de sus principios fundamentales la solidaridad en la contribución, mediante la cual los más jóvenes aportan al sistema para sustentar las prestaciones de los que están en condición de retiro.  Se establece como unas de sus debilidades el envejecimiento de la población y el aumento de la longevidad de los pensionistas.

Frente a los problemas demográficos, la palabra clave es la producción y la opción entre reparto y CPI es secundaria, el prefinanciamiento es deseable, pero la CPI, (capitalización Individual),no es la única forma de lograrlo, un mercado de capital puede constituir un componente del crecimiento, pero por si solo no representa la solución y no se debe presuponer que los gestores privados del fondo privado de pensiones canalizan mejor que los gestores públicos; la privatización no representa solución alguna para los problemas fiscales y si un sistema es inviable, la única solución es hacerlo sustentable, de acuerdo a Nicolas Barr.

Para tener una idea más precisa de la cobertura activa de los sistemas de pensiones obligatorios en America Latina y el Caribe, en promedio 45 de cada 100 trabajadores, están aportando o están afiliados a un sistema de pensión. Este bajo nivel de aportes guarda relación con las características socioeconómicas en particular la educación, género y nivel de ingreso. Los profesionales y técnicos tienen mayor capacidad de aportes al sistema que los trabajadores con un nivel educativo menor, lo propio sucede con la brecha de géneros en el mercado laboral en la región, pues, la relación está en la proporción 56% por ciento mujeres, 83% por ciento hombres y solo del 20 al 40 por ciento de los trabajadores de ingreso medio contribuyen a una pensión, de acuerdo al estudio Panorama de las Pensiones en América Latina y el Caribe, auspiciado por el BM, BID y OCDE, año 2015.

Otro elemento de importancia a ser ponderado en  este análisis  tiene que ver con la tasa bruta de reemplazo de las pensiones, pues, permite medir el nivel de las pensiones en el momento de la jubilación en relación con los ingresos durante la vida laboral. Para trabajadores con ingresos promedio, la tasa bruta de reemplazo promedio es de 62% en los 26 países de  ALC.    Las naciones con mayor aporte al promedio regional son Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Venezuela,  que  ofrecen tasas de más del 90%, seguidos por  Argentina,  Costa Rica y Panamá, con tasa de reemplazo proyectadas entre el 75% y el 80%, en correspondencia con el estudio citado del BM, BID y OCDE, 2015.

El sector público de ALC, gastó en promedio en protección social un 5% por ciento del PIB, en el año 2015, un 1.30% más que en el año 2000. A nivel de países, Argentina y el Brasil son los que, proporcionalmente, más recursos destinan a esta función, que concentra un 14,1% y un 13,2% del PIB, respectivamente, en 2015.  Considerando el crecimiento negativo del PIB la zona ALC, de menos -1.1% por ciento, el gasto  proyectado en protección social en los presupuestos  del año 2017, en algunos países retrocede y en otros se mantiene estable, por  lo que en promedio lo presupuestado en protección social está al nivel de lo gastado en el año 2000, de un 3.70% por ciento del PIB, conforme a lo indicado en el Panorama Social de America Latina, Cepal 2016.

Como se advierte ante la posibilidad de que la región de America Latina y el Caribe ALC,  crezca en promedio  apenas 1.1% del PIB, para el presente año 2017, las posibilidades de aumentar el nivel de gastos en protección social, en algunos países es incierta y en el mejor de los casos se mantendrá estable, que sumado a la gran cantidad de asalariados que carecen de protección social, porque sus empleadores no cotizan de forma regular o no los tienen afiliados al sistema, aparte de la baja tasa de reemplazo de los pensionistas, que en algunos países no llega al 30% de su último salario, configura para los trabajadores dependientes, por cuenta propia, informales, liberales y personas en estado de vulnerabilidad, un panorama de condena irreversible a la pobreza.