LA TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

Por Alejandro Jerez Espinal

Para satisfacer demandas y necesidades colectivas de bienes, obras, servicios y concesiones en las comunidades y las prioridades propias de los gobiernos y agencias públicas, cada año los estados de la región de América Latina y el Caribe invierten miles de millones de dólares, de los cuales un elevado monto no se destina al cumplimiento del objetivo fundamental de toda política pública que es mejorar la calidad de vida de las personas como de los servicios que recibe.

Esto representa un gran desafío para las naciones, pues, si a la insuficiente inversión en obras públicas para el desarrollo se suma el hecho de que las ejecutadas, no cumplen con sus cometidos en término de calidad, resistencia, durabilidad y utilidad por problemas de manejos dolosos, debilidades en la construcción y falencias en los procesos de convocatoria, selección, adjudicación, contratación, control y supervisión de los organismos responsables, se estarían creando las condiciones para hacer de las comunidades, entes cada día menos resilientes y más vulnerables.

Lo que se destina a nivel mundial en las naciones desarrolladas para la adquisición de bienes y servicios representa un 15% por ciento del PIB, y en los países en desarrollo esta partida es de un 30% por ciento del PIB de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Esta considerable inversión en adquisiciones públicas en todo el mundo, oscila entre dos formas de pensamientos y actuaciones diametralmente opuestas, por un lado están los funcionarios, políticos y empresarios inescrupulosos, acostumbrados al desorden, el grado a grado, la centralización y monopolio de las compras de los gobiernos que les ha permitido acumular enormes fortunas en detrimento del pueblo y por el otro lado los funcionarios, políticos y empresarios que piensan, aman y creen en su país y ven en esa inversión una oportunidad de desarrollo para sectores que durante años han vividos al margen de la posibilidad de avanzar como segmento productivo.

Compelido por esa realidad la mayor parte de los estados de América Latina y el Caribe han adoptados legislaciones modernas para regular todo lo relativo a las contrataciones públicas, inspirados, en algunos casos, en los principios de transparencia, equidad, confidencialidad, eficiencia, selección objetiva, libre concurrencia y cumplimiento, recomendados en el “Manual de Contratación Pública Electrónica para América Latina de la Cepal.

Fortalece también esta corriente que propicia mayores niveles de transparencia y legalidad en las contrataciones públicas, la necesidad de acceder a otros mercados a través de los acuerdos de libres comercios que demandan la eliminación de las barreras comerciales, la participación de oferentes y proveedores de otros países en las licitaciones y exigen la simplificación y digitalización de trámites y procesos administrativos.

El marco normativo que en RD regula todo lo relativo a las contrataciones públicas, está conformado por la Constitución y un conjunto de leyes, decretos y reglamentos, siendo la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su principal instrumento, modificada por la Ley 449-06 y complementado por el Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto 543-12.

Una pieza fundamental porque va dirigido a un sector importante de la economía nacional, es el Decreto 164-13 que ordena a las instituciones gubernamentales comprar a las mipymes de producción nacional, como ejemplo práctico del impacto de esa política del Gobierno en apoyo a las mipymes, se destaca el aumento del registro de proveedores del Estado que para el 2005, conforme a la Dgcp, era apenas de unos 1157 proveedores y para el 2017 se estima en más de 69,978, producto de la simplificación del trámite de registro para ese sector y las personas físicas.

También se destaca el hecho, de que para el año 2017, se tiene prevista una inversión en adquisiciones públicas de unos RD$ 220,533.00, lo que representa el 31% por ciento del Presupuesto y Ley de Gastos Públicos correspondiente a ese año, de los cuales un 20% por ciento equivalente a unos RD$ 44,106.76 va de manera excepcional dirigido a las mipymes, de acuerdo a la Dgcp.

Hay otra disposición que fortalece ese marco legal y ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno encabezado por el Presidente Lic. Danilo Medina Sánchez, con la transparencia en las contrataciones públicas, es el Decreto 188-14 sobre Principios y Normas de Comisiones de Veedurías, que como órganos autónomos e independientes tienen la misión de monitorear, observar y fiscalizar todo el proceso de compras y contrataciones en las instituciones del Estado donde ya están estructuradas.

La acertada política del Gobierno de impulsar un sistema de adquisiciones públicas abierto, democrático, transparente y apegado a la legalidad que debe revestir las actuaciones de los funcionarios y servidores públicos, procurando al mismo tiempo que estas inversiones beneficien a un sector dinámico de la economía como las mipymes, indudablemente todo ello repercutirá de manera positiva en la generación de empleos y en la disminución de la pobreza y la desigualdad.