SANTO DOMINGO. La Jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó ayer un año de prisión preventiva en contra de tres de los imputados por el asesinato del catedrático y profesor universitario, Yuniol Ramírez.
La magistrada Leonarda Quezada dispuso que el imputado Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) fuera enviado a la cárcel de Najayo-Hombres en la provincia San Cristóbal. También decidió que el coronel Faustino Rosario fuera enviado a la cárcel de Operaciones Especiales, y José Antonio Mercado Blanco (El Grande) a la cárcel La Victoria.
Al imponer la prisión preventiva, la magistrada acogió las peticiones del Ministerio Público, organismo judicial que, además, solicitó que el caso sea declarado complejo, pedimento que también fue acogido por la magistrada Quezada.
El Ministerio Público, representado por la fiscal titular de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, justificó que los imputados en este proceso no cuentan con garantías suficientes para descartar el peligro de fuga.
Durante la audiencia de ayer, los abogados de la familia de Yuniol Ramírez solicitaron que el expediente sea conocido en el Distrito Nacional, por considerar que existen evidencias de que su pariente fue asesinado en esa jurisdicción y no en la provincia Santo Domingo.
Sin embargo, la Jueza Leonarda Quezada rechazó que el caso fuera declinado al Distrito Nacional. Tras ese incidente, la jueza continuó con el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La magistrada Leonarda Quezada dispuso que el imputado Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) fuera enviado a la cárcel de Najayo-Hombres en la provincia San Cristóbal. También decidió que el coronel Faustino Rosario fuera enviado a la cárcel de Operaciones Especiales, y José Antonio Mercado Blanco (El Grande) a la cárcel La Victoria.
Al imponer la prisión preventiva, la magistrada acogió las peticiones del Ministerio Público, organismo judicial que, además, solicitó que el caso sea declarado complejo, pedimento que también fue acogido por la magistrada Quezada.
El Ministerio Público, representado por la fiscal titular de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, justificó que los imputados en este proceso no cuentan con garantías suficientes para descartar el peligro de fuga.
Durante la audiencia de ayer, los abogados de la familia de Yuniol Ramírez solicitaron que el expediente sea conocido en el Distrito Nacional, por considerar que existen evidencias de que su pariente fue asesinado en esa jurisdicción y no en la provincia Santo Domingo.
Sin embargo, la Jueza Leonarda Quezada rechazó que el caso fuera declinado al Distrito Nacional. Tras ese incidente, la jueza continuó con el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
Reacciones
Mientras que los familiares Yuniol Ramírez y el decanato de la Facultad del Derecho de la UASD se manifestaron conformes con la coerción que impuso la jueza, los defensores de los imputados rechazaron la decisión.
El abogado de Manuel Rivas calificó de populista y mediático la medida de coerción tomada por la jueza. Entiende que no existen elementos de prueba que prueben la vinculación de su defendido con el asesinato del profesor universitario.
Mientras que uno de los defensores de “El Grande” consideró la decisión como excesiva, y dijo que en el plazo reglamentario van a apelar la decisión de la jueza de Atención Permanente.
Por el caso sigue prófugo Argenis Contreras González y falta que al imputado Eddy Rafael Santana Zorrila se le conozca medida de coerción.
El abogado de Manuel Rivas calificó de populista y mediático la medida de coerción tomada por la jueza. Entiende que no existen elementos de prueba que prueben la vinculación de su defendido con el asesinato del profesor universitario.
Mientras que uno de los defensores de “El Grande” consideró la decisión como excesiva, y dijo que en el plazo reglamentario van a apelar la decisión de la jueza de Atención Permanente.
Por el caso sigue prófugo Argenis Contreras González y falta que al imputado Eddy Rafael Santana Zorrila se le conozca medida de coerción.
Acusaciones
A los detenidos se les acusa de asociación de malhechores para cometer asesinato, prevaricación, coalición de funcionarios y corrupción administrativa. La Fiscalía continúa las investigaciones.
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