PC: lucha contra la corrupción es discurso vacío

Por: Loyda Peña

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La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, afirmó ayer que la decisión del juez Francisco Ortega de dejar en libertad a los únicos dos imputados en el caso Odebrecht que guardaban prisión preventiva, reafirma que la lucha de las autoridades contra la corrupción en la República Dominicana solo son “letras muertas y discursos vacíos”.
Dijo que el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia tendrá que demostrar en qué han variado los presupuestos que él aceptó como buenos y válidos para dictar prisión preventiva contra Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón en el caso de los US$92 millones de sobornos, para ahora imponerle la medida de coerción menos gravosa.
Recordó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Apelación, conoció la decisión dictada en primer grado a 10 de los 14 imputados en el caso Odebrecht y ratificó la prisión preventiva a Díaz Rúa y a Rondón.
“Asumimos que la imposición de la prisión preventiva se basó no solo por el peligro de fuga para no someterse al procedimiento, sino que además existen pruebas suficientes de causa probable de ser autores o cómplices, y que podrían poner en peligro el proceso de investigación obstaculizando la averiguación de la verdad”, dijo Sosa.
Fue el 7 de junio de este año cuando el magistrado Ortega dictó prisión preventiva contra Díaz Rúa, Rondón, Conrado Pittaluga, Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González, César Sánchez y Máximo Leónidas De Oleo Ramírez; y arresto domiciliario a Ra- dhamés Segura y Roberto Rodríguez. A los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín; el diputado Alfredo Pacheco y a Bernardo Castellanos le impuso garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica por ante la Procuraduría Anticorrupción.
El 26 de julio la Tercera Sala de la SCJ, que preside la magistrada Miriam Germán Brito, conoció la apelación que hicieron diez de los imputados a esas medidas, se las varió a siete de ellos imponiéndoles otras menos gravosas, a excepción de Díaz Rúa y a Rondón, para quienes ratificó 9 mese y un año de prisión, respectivamente, en la cárcel de Najayo.

La directora ejecutiva de PC lamentó que el garantismo penal en el país “solo se aplica a los poderosos, a los que tienen vínculos con los poderes del Estado y a aquellos que aportan dinero, mucho dinero, en el financiamiento de la política y a sus candidatos que mañana tendrán el poder para eximirlos de responsabilidad por sus actos ilícitos”.
Indicó que una muestra de su afirmación es que las cárceles del país están sobrepobladas de personas pobres “y a ellos ni siquiera se les aplica una medida alternativa para la solución al conflicto penal”, dijo.

FT/HOY