LA VIOLENCIA NO PUEDE SER REGLA NI EXCEPCIÓN

Por Lic. Alejandro Jerez Espinal

En los últimos días la sociedad dominicana ha sido testigo de dos hechos violentos que por su saña y alevosías entremesen y cuestionan los valores y principios sobre los cuales están cimentadas las relaciones humanas y constituye un llamado de alerta sobre la necesidad de reducir los niveles de intolerancia y transgresión a las normas que regulan la buena convivencia y cohesión social, en beneficio del desarrollo humano y la tranquilidad que debe prevalecer en toda nación civilizada.

En ambos casos, dos adolescentes en plena flor de su juventud, una estudiante de secundaria, con una vida gestando en su vientre y la otra estudiante universitaria que soñaba con ser  profesional, son  las víctimas de la sinrazón y la barbarie de seres humanos vacíos, deformados y desalmados para quienes la vida de sus semejantes, carece de respeto y valor.

Gracias a la solidaridad de las pequeñas comunidades que les vieron nacer y desarrollarse, la cobertura de las redes sociales y medios de comunicación y la diligente acción de los organismos de investigación del Estado, Emely Peguero y Dioskairy Gómez, para desgracia de sus verdugos, no pasaron como un número más, en medio de esta espiral de violencia que genera intranquilidad, inseguridad, pesimismo, desaliento y falta de fe en el futuro.

Dolorosamente lo anterior es solo una forma de violencia que afecta la célula fundamental de toda sociedad, la familia, cuyas manifestaciones guardan también relación con las agresiones físicas, psicológicas y morales en detrimento de algunos de sus miembros, las violaciones, feminicidios, infanticidios y homicidios múltiples que dejan en la orfandad a los hijos.

Qué decir de la violencia que se expresa a través de la delincuencia común, aquella que nos roba no sólo el patrimonio, sino también la tranquilidad de estar sentados en los hogares,  parques y espacios públicos, de transitar sin miedo por los caminos y carreteras y del crimen transnacional del narcotráfico, terrorismo, lavado y tratas de personas que puede terminar carcomiendo la institucionalidad y la democracia de cualquier Estado fuerte, sino se toman las medidas preventivas y disuasorias necesarias para enfrentar ese lastre.

Tampoco están exentos de responsabilidad aquellos empresarios que como agentes de retención reciben los impuestos y no los  reportan o entregan al organismo recaudador del Gobierno, los que actúan como agentes corruptos o corruptores en la contratación de obras y servicios y en sus relaciones comerciales con la administración pública.

La violencia y el bienestar familiar son incompatibles, no pueden tener tranquilidad, sosiego, salud física y mental los miembros de una familia que interactúan y se relacionan con altos niveles de toxicidad, donde la violencia y la incomprensión sean el baluarte de cada día.  Una familia violenta traslada sus hábitos y costumbres al resto de la sociedad a través de las llamadas redes de violencia que terminan por enfermar y contaminar a todo un País.

La violencia daña  la familia, el tejido social, la sociedad y el Estado.  El costo de prevenirla y enfrentar sus consecuencias es insostenible para los países con nuestro nivel de desarrollo. Conforme a estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en América Latina y El Caribe el costo del crimen y la violencia pública y privada representa en promedio cada año el 3.55 % por ciento del PIB, el doble del promedio de los países desarrollados y el mismo total de lo que la región invierte en infraestructura.

Como se aprecia la violencia no puede ser la regla ni la excepción de la convivencia y relaciones humanas.  Los estados de la región están llamados a definir estrategias funcionales para prevenirlas, pues, siempre será menos oneroso que combatirla.