Por : Alejandro Jerez Espinal
La informalidad de los partidos políticos en la República Dominicana y su fuerte base clientelar al parecer no resultan de gran ayuda en las políticas públicas destinadas a la disminución real de la pobreza y la desigualdad.
Durante los treinta años que transcurren desde el año 1966-1996, el Partido Reformista Social
Cristiano, gobierna durante 22 años y el Partido Revolucionario Dominicano, 8 años, del 1978 al 1986. Estas dos organizaciones por medio de un modelo bipartidista, controlaron la alternabilidad en el manejo de los poderes del Estado y cuyo ejercicio no sirvió de paradigma para la consolidación de las instituciones democráticas, la disminución del clientelismo y de la exclusión social.
Sus gobiernos llevaron el clientelismo en la República Dominicana a su máxima expresión, sobre todos en los meses previos a los procesos electorales, incurriendo uno y otros en practicas particularistas, que se manifiestan en la entrega de bienes, servicios, promesas de empleos, empleos informales, contratación en nominas blancas, entrega de contratas grado a grado, entrega de exoneraciones, exenciones, a cambio de votos o de respaldo electoral.
A pesar de contar con estatutos donde se definen no solo su estructura de dirección y gobierno, sino además su línea ideológica, en una y otra organización pesó grandemente el estilo de dirección personalista, erigiéndose en estructuras informales, ligeramente institucionales.
Estos dos partidos que dominaron el escenario político durante ese periodo, no funcionaban como instituciones políticas dinámica, pues, solo asumían un rol activo cuando se acercaban los procesos electorales, funcionando como verdaderas maquinarias políticas solo para fines electorales. Terminados los procesos electorales, entraban en un largo proceso de letargo, sin vida orgánica e institucional.
Según la fuente del Banco Central de la República Dominicana ha crecido en promedio desde el 1960 al 1984, un 6.34% uno de los más alto en América Latina, sin embargo, durante ese mismo periodo ese crecimiento, no implicó una disminución de los niveles de exclusión y pobreza.
Los programas asistencialistas destinados a satisfacer provisionalmente demandas sociales, muy
propios del estilo populista de gobierno implementado por el Dr. Joaquín Balaguer, como la llamada Cruzada de Amor, no lucen ser las políticas públicas más atinadas para disminuir la exclusión social en la República Dominicana.
También la corrupción y la falta de transparencia en el manejo de los bienes del Estado durante el periodo citado, tampoco es de gran ayuda para disminuir la exclusión, pues, recursos que muy bien podrían ser invertidos en verdaderos programas sociales, eran desviados a las arcas personales.
La República Dominicana tiene el marco legal adecuado para mejorar los niveles de transparencia en el manejo de la cosas públicas y hacer de nuestro Gobierno un modelo de eficiencia al servicio del desarrollo humano, solo falta mejorar la institucionalidad de las organizaciones políticas a través de una verdadera Ley de Partidos que destierre para siempre ese modelo informal y clientelar.
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