Familias demandan por daño a la salud a empresa de telecomunicaciones Claro

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Varias familias del residencial Ana Teresa Balaguer del sector Hainamosa, Santo Domingo Este, interpusieron una demanda contra la empresa de telecomunicaciones Claro Dominicana-Codetel por los supuestos daños y perjuicios que causan a la salud una subestación ubicada en la calle Central esquina 2 del referido sector.
Los abogados de las familias demandantes Ceferino de los Santos y Antonio Ozoria de la Cruz informaron, en nota de prensa, que la demanda es por 80 millones de pesos y el tribunal apoderado es la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, que conocerá la primera audiencia este jueves a las nueve de la mañana.
La demanda la encabezan, por los afectados, el empresario del comercio, Juan Taveras; el periodista José Javier; el oficial retirado de la Policía Nacional, Aquiles de los Santos, y la administradora de empresa, Francis Y. Javier Delgado, quienes plantearon que debido al hollín y gases que emite el generador de Claro llevan varios años viviendo un infierno.

Dijeron que la emisión de hollín y gases del generador de Claro, pese a las familias mantener las ventanas de sus hogares cerradas, provocan en los vecinos enfermedades respiratorias, asma, gripe, dolores en el cuerpo y bronquitis, lo que obliga a que tengan que gastar cuantiosos recursos en medicinas para sobrevivir a las enfermedades.

A esa situación se une el peligro que representa la gigantesca antena, sin bombillas, por la cercanía con las viviendas, con distancias que oscilan entre uno y siete metros, y que cuando encienden el generador de Claro los movimientos se sienten dentro de los hogares y se agrietan las paredes, preocupación que dicen aumenta más cuando se va la energía eléctrica.

Informaron que fundaron el sector en el año 1990 y que a partir de 2003 fue instalada la gigantesca antena de Claro sin el consentimiento de los vecinos, lo que viola la ley 64-00 sobre medioambiente.

Demandaron del ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, y del procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, que apliquen la ley sobre medio ambiente a fin de evitar que las familias sigan siendo afectadas por instalaciones dentro de residenciales en violación a la ley.

Señalan que los artículos 80, 93 y 113 de la ley 64-00 son muy claros sobre la instalación de empresas en lugares donde hay asentamientos humanos o residenciales. El 80 señala que serán objeto de controles por el Ministerio de Medio Ambiente todos los procesos que puedan afectar la salud humana.