El pacto PSOE-Ciudadanos penalizará el despido e incentivará la conversión a contratos indefinidos

Incluye el compromiso para que los autónomos que no lleguen al SMI paguen una cuota de 45 euros al mes

El resultado de las negociaciones del PSOE y Ciudadanos ha sido un documento muy consensuado. Ambas formaciones tratarán de presentar el pacto como un triunfo de sus postulados, pero lo cierto es que el resultado es un documento con posiciones acordadas e intermedias. [Consulta completo el documento de acuerdo de PSOE-Ciudadanos (PDF)]

El mejor ejemplo es el modelo laboral. Ciudadanos defendía la implantación del contrato único indefinido. El acuerdo finalmente no recoge que esta sea la única modalidad de contrato pero sí simplifica los contratos a tres.

Uno de ellos será ese contrato de trabajo indefinido para la cobertura de puestos de trabajo indefinidos, mientras que el segundo será «un contrato estable y progresivo para la cobertura de puestos de trabajo de duración determinada». Además existirán contratos de relevo y formación.

Ese contrato estable no tendrá una duración superior a dos años aunque la negociación colectiva podrá acordar una duración menor según sectores de actividad productiva. Incorporará «una indemnización creciente por despido por causas económicas, organizativas, productivas, técnicas y de finalización del trabajo que tendrá un coste de 12 días el primer año, que se transforman en 16 días el segundo año y confluya con los 20 existentes hoy para los contratos indefinidos, reduciendo los saltos en la cuantía».

Reforma del régimen de autónomos

En caso de despido improcedente la indemnización será de 20 días el primer año, 25 en el segundo hasta confluir con los actuales 33 días por año. En el tercer año se convertirá en un contrato indefinido. Y para incentivar la conversión de los contratos de duración determinada en contratos indefinidos, se establecerá unos de incentivos y penalizaciones sobre cotizaciones sociales.

Así, la regulación establecerá desincentivos para las empresas que abusen de un exceso de despidos por contratos estables y progresivos, mediante elincremento de las cotizaciones sociales por desempleo que deban satisfacer, a la vez que se establece un nuevo incentivo en las cotizaciones de aquellas empresas que despidan menos.

Ciudadanos también defendía una reforma del régimen de autónomos para que aquellos que no facturasen por encima del Salario Mínimo Interprofesional. El documento se compromete a la creación de un grupo de expertos para establecer un nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales del autónomo.

Pero, de manera inmediata y hasta que entre en vigor la reforma del Régimen especial de trabajadores autónomos, se introducirá una cotización reducida de 45 euros, que se aplicará a todos los autónomos cuyos ingresos reales no superen el SMI.

Por otro lado, el documento contempla un plan para la «Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana», que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector. En el ámbito de los edificios públicos se fijará como objetivo la rehabilitación energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la Administración General y, a su vez, trasladarlo al resto de administraciones.

Apartado social

Los socialistas, por su parte, han integrado en el acuerdo un párrafo que dice que se «reservan» la posibilidad de impulsar la reforma de la Ley del Aborto en relación a las jóvenes de 16 y 17 años, para que no tengan que tener autorización de sus padres. Ciudadanos no está de acuerdo en este punto, pero ambas organizaciones defienden la Ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo.

Por otro lado, «Ciudadanos se reserva la posibilidad de impulsar la regulación de la maternidad subrogada, así como de la custodia compartida de menores como régimen general en los procedimientos de separación y divorcio», dice el texto.

Ambos partidos se comprometen a desarrollar una Ley de Muerte Digna que garantice «los derechos de los ciudadanos a afrontar con dignidad y de acuerdo con sus decisiones el tramo final de la vida, asegurando la libertad de las personas sobre la continuación o no de los tratamientos y la prestación de los cuidados paliativos que procedan».

El acuerdo señala que se «revisarán», no se derogarán, como quería el PSOE, los acuerdos con la Santa Sede. Habrá una Ley de Libertad Religiosa que establezca «un estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas».

También «se reformará la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para revisar los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos otros que reconocen facultades excesivas de intervención por las fuerzas de seguridad, sustituyen el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones o los que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales: restricciones del tránsito y controles en las vías públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos».