Sugieren justicia sea más dura con el contrabando
Enfrentar la evasión y el contrabando de cigarrillos, bebidas alcohólicas,
combustibles y otros productos en el país requiere de acciones más rigurosas
desde el sistema judicial. En esto coincidieron el ministro de Industria y
Comercio, José del Castillo Saviñón, y el director general de Aduanas, Fernando
Fernández al participar en el panel “Contrabando, impacto y soluciones”.
Del Castillo consideró que por su impacto negativo en la salud, en el comercio legítimo, las pérdidas del Estado, entre muchas otras consecuencias, el tráfico ilegal de mercancías debería recibir penas más severas.
“Las penas hay que incrementarlas, no puede ser que la pena máxima para el contrabando sea de tres a cinco años de reclusión”, sugirió.
Asimismo, el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) cuestionó que en el país pocas personas han sido procesadas por ese delito y que muchos casos se resuelvan sólo con una pena pecuniaria (pago de una multa al Estado).
“Si hubiese la presión de que podemos ir presos si se comprueba que cometimos una actividad de ese tipo se puede mejorar mucho”, planteó Del Castillo.
Mientras, Fernández indicó que si bien la Dirección General de Aduanas (DGA) está haciendo su mejor esfuerzo para reducir el contrabando y la evasión fiscal, es necesario que la justicia cumpla su rol de castigar a los autores de este delito.
“Así como la DGA se concentra en aplicar las sanciones establecidas en la ley aduanal, se requiere que la justicia dominicana se coloque a la altura de las circunstancias y comience a comprender la delicadeza de los aspectos tributarios”, manifestó.
Fernández advirtió que un evasor o un contrabandista en libertad representan un peligro para la estabilidad económica del Estado, suponen un riesgo para las empresas formales, la salud de los ciudadanos, entre otros.
Planteó que, sin embargo, “la justicia no se ha distinguido precisamente por apoyar la lucha” contra el comercio ilícito de mercancías que anualmente deja pérdidas millonarias al Estado.
Soluciones
Del Castillo y Fernández coincidieron, igual que los demás participantes en el foro, en que la forma más efectiva para reducir el contrabando en el país es mediante la integración y coordinación entre diversas entidades públicas y privadas. Entienden que la intervención de los ministerios de Salud Pública, de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República y Dirección General de Impuestos Internos (DGII) es de vital importancia.
Se requiere una acción de todos los organismos. Esto es un esfuerzo de todos: Salud pública, la Procuraduría, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y las instituciones fiscalizadoras (Aduanas e Impuestos Internos).
Del Castillo consideró que por su impacto negativo en la salud, en el comercio legítimo, las pérdidas del Estado, entre muchas otras consecuencias, el tráfico ilegal de mercancías debería recibir penas más severas.
“Las penas hay que incrementarlas, no puede ser que la pena máxima para el contrabando sea de tres a cinco años de reclusión”, sugirió.
Asimismo, el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) cuestionó que en el país pocas personas han sido procesadas por ese delito y que muchos casos se resuelvan sólo con una pena pecuniaria (pago de una multa al Estado).
“Si hubiese la presión de que podemos ir presos si se comprueba que cometimos una actividad de ese tipo se puede mejorar mucho”, planteó Del Castillo.
Mientras, Fernández indicó que si bien la Dirección General de Aduanas (DGA) está haciendo su mejor esfuerzo para reducir el contrabando y la evasión fiscal, es necesario que la justicia cumpla su rol de castigar a los autores de este delito.
“Así como la DGA se concentra en aplicar las sanciones establecidas en la ley aduanal, se requiere que la justicia dominicana se coloque a la altura de las circunstancias y comience a comprender la delicadeza de los aspectos tributarios”, manifestó.
Fernández advirtió que un evasor o un contrabandista en libertad representan un peligro para la estabilidad económica del Estado, suponen un riesgo para las empresas formales, la salud de los ciudadanos, entre otros.
Planteó que, sin embargo, “la justicia no se ha distinguido precisamente por apoyar la lucha” contra el comercio ilícito de mercancías que anualmente deja pérdidas millonarias al Estado.
Soluciones
Del Castillo y Fernández coincidieron, igual que los demás participantes en el foro, en que la forma más efectiva para reducir el contrabando en el país es mediante la integración y coordinación entre diversas entidades públicas y privadas. Entienden que la intervención de los ministerios de Salud Pública, de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República y Dirección General de Impuestos Internos (DGII) es de vital importancia.
Se requiere una acción de todos los organismos. Esto es un esfuerzo de todos: Salud pública, la Procuraduría, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y las instituciones fiscalizadoras (Aduanas e Impuestos Internos).
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