El juez del Tribunal Superior Electoral y exfiscal del Distrito
Nacional, José Manuel Hernández Peguero, entregó hoy a la presidenta del Senado,
Cristina Lizardo Mézquita, el anteproyecto de Ley de Paternidad Responsable, que
beneficiaría más de 100 mil niñas y niños que nacen anualmente de madres
solteras.
“Con la aprobación de nuestra propuesta, las madres solteras, que
son más del 80%, lograrán a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido
y obligatorio el registro del padre de sus hijas o hijos en sus actas de
nacimientos, y por consecuencia el cumplimiento de las obligaciones de
manutención, asistencia y protección, o en su defecto que puedan ser demandados
judicialmente, lo cual hoy no ocurre”, sostuvo Hernández Peguero.
Puntualizó que para lograr un fácil y efectivo acceso a la justicia,
la iniciativa atribuye competencia a los 158 Juzgados de Paz ordinarios para
conocer de la demanda en reconocimiento de paternidad, a diferencia de la
legislación actual que otorga competencia a las 37 Salas de Niños, Niñas y
Adolescentes de los Juzgados de Primera Instancia que operan en los municipios
cabeceras del país.
“Conocedor de las dificultades que sufre la mujer dominicana en
reclamo de sus derechos y los de sus hijos, he propuesto que los jueces de paz
al decidir la paternidad, serán competentes además para estatuir en caso de
declaración tardía de nacimiento, la pensión alimentaria, guarda y régimen de
visitas, para así evitar que tengan que accionar ante distintos tribunales”,
dijo José Manuel Hernández Peguero.
El anteproyecto también faculta al Consejo Nacional para la Niñez y
Adolescencia (CONANI) a diseñar e implementar campañas publicitarias que
informen a la población acerca de su contenido, procedimiento y la gratuidad del
mismo, así como el derecho que les asiste de conocer la identidad de su padre,
su registro en el acta de nacimiento, la promoción de la paternidad sensible y
responsable para lograr la corresponsabilidad del padre y la madre en la crianza
y educación de sus hijos e hijas.
La iniciativa, vigente en más de 10 países latinoamericanos, tiene
su fundamento legal en la Constitución de la República, la Convención sobre los
Derechos del Niño y el Código para la Protección de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes, textos que consagran el derecho fundamental de hijos e
hijas a conocer la identidad de sus padres y su registro en las actas de
nacimientos.
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