El síndico de Bayaguana, Nelson Sosa Marte, guarda prisión preventiva.
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BAYAGUANA, República Dominicana, 7 de septiembre 2014.- La Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo declaró complejo el caso que se les sigue a cinco implicados en la muerte del regidor de este municipio Renato Castillo Hernández.
El juez Darío Gómez otorgó un plazo de 30 días al Ministerio Público para que realice sus investigaciones y aporte las pruebas contra el síndico de Bayaguana, Nelson Sosa Marte, José Marcial Peña, Rafael Antonio Olivo, Yorquis Severino y Freddy Alberto de la Cruz.
El Ministerio Público solicitó que el caso fuera declarado complejo con la finalidad de poder reunir las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del alcalde, solicitud que fue rechazada por la defensa.
Castillo Hernández fue asesinado el pasado 25 de junio cuando dos hombres le dispararon desde una motocicleta momentos en que se encontraba frente a un colmado en la cercanía de su vivienda en ese municipio.
El hecho habría sido provocado por supuestas diferencias generadas en la administración del cabildo, por la malversación de unos 15 millones de pesos, cuyas denuncias provocaron que la Cámara de Cuentas de República Dominicana le realizara una auditoría.
El juez Darío Gómez otorgó un plazo de 30 días al Ministerio Público para que realice sus investigaciones y aporte las pruebas contra el síndico de Bayaguana, Nelson Sosa Marte, José Marcial Peña, Rafael Antonio Olivo, Yorquis Severino y Freddy Alberto de la Cruz.
El Ministerio Público solicitó que el caso fuera declarado complejo con la finalidad de poder reunir las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del alcalde, solicitud que fue rechazada por la defensa.
Castillo Hernández fue asesinado el pasado 25 de junio cuando dos hombres le dispararon desde una motocicleta momentos en que se encontraba frente a un colmado en la cercanía de su vivienda en ese municipio.
El hecho habría sido provocado por supuestas diferencias generadas en la administración del cabildo, por la malversación de unos 15 millones de pesos, cuyas denuncias provocaron que la Cámara de Cuentas de República Dominicana le realizara una auditoría.
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